Hacia la Estación de Finlandia, E. Wilson, p. 111
La Sociedad de los Iguales fue también disuelta; el propio
Bonaparte la cerró. Pero, empujados a la clandestinidad, sus miembros proyectaron
ahora una insurrección; su propósito era instalar un nuevo Directorio.
Redactaron un proyecto de Constitución que garantizaría «una gran comunidad
nacional de bienes», y elaboraron con cierta precisión los mecanismos de una
sociedad planificada. Disminuiría el número de habitantes de las ciudades y la
población sería dispersada en pueblos y aldeas. El Estado «tomaría a su cargo
al recién nacido, vigilaría los primeros momentos de su existencia, le
garantizaría la leche y el cuidado materno, y lo llevaría a la maison
nationale, donde adquiriría las virtudes y los conocimientos de un verdadero ciudadano».
Así, la educación sería igual para todos. Todas las personas físicamente
capaces tendrían que trabajar, y las labores duras y desagradables serían
ejecutadas por turno por todos los ciudadanos. Las necesidades de la vida
serían cubiertas por el Gobierno, y la gente comería en mesas comunales. El
Estado controlaría el comercio exterior y ejercería la censura sobre toda la
producción impresa.
Mientras tanto, el valor del papel moneda se había
depreciado casi por completo. El Directorio trató de salvar la situación
mediante la conversión del numerario en títulos de bienes raíces, que se
cotizaron al 82 por ciento de su valor nominal el mismo día de su emisión; la
creencia general del público era que el Gobierno estaba en completa bancarrota.
Solo en París había medio millón de personas en la indigencia. Babeuf y sus
partidarios llenaron la ciudad de pasquines con un manifiesto de trascendencia
histórica. Declaraban que la Naturaleza había dotado a todos los hombres de
igual derecho para disfrutar de todos los bienes, y que el fin de la sociedad
era defender ese derecho; que la Naturaleza había impuesto a todos la
obligación de trabajar, y que nadie podía rehuir este deber sin cometer un
delito; que en «una sociedad verdadera» no habría ni ricos ni pobres y que el objeto
de la Revolución había sido destruir la desigualdad y establecer el bienestar
de todos; que la Revolución, por tanto, aún «no estaba acabada;,, y que
aquellos que habían abolido la Constitución de 1793 eran culpables de un crimen
de lese-majesté contra el pueblo.
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