Filek, Martínez de Pisón, p. 143
Franco había anunciado que
quienes no tuvieran las manos manchadas de sangre no tenían que temer
represalias. Pero sus promesas de clemencia resultaron falsas. Con el fin del
conflicto se desató una inmisericorde persecución del adversario político. Cerca
de medio millón de republicanos vivían en condiciones deplorables en prisiones
y campos de concentración. Un sistema judicial carente de las mínimas garantías
condenaba a los soldados del Ejército Popular a las penas más elevadas por
auxilio o adhesión a la rebelión. Quienes habían militado en organizaciones
políticas o sindicales de izquierda no corrían mejor suerte. Cuando un
republicano era condenado a muerte, sus familiares se apresuraban a implorar
avales entre gente del bando vencedor. Si el aval procedía de una figura
influyente, la pena capital solía ser conmutada por la de treinta años de
reclusión. En la primerísima posguerra, más de cincuenta mil republicanos fueron
fusilados, lo que da una idea del ensañamiento practicado sobre los vencidos.
Además, con arreglo a una aberración jurídica que llevaba el nombre de Ley de
Responsabilidades Políticas, las familias de éstos podían ser despojadas de su patrimonio, convertido en botín de guerra para
los vencedores. Hasta los moderados y los tibios corrían serios peligros en la
nueva España. Sólo estaban libres de toda sospecha los que con su sacrificio o
su valor habían acreditado sobradamente su adhesión a la causa: excautivos,
excombatientes, quintacolumnistas, viudas y huérfanos de caídos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario