La palabra que aparece, Enrique Díaz Alvarez, p. 254
Los sicarios entrevistados saben
bien que su trabajo es ilegal, pero su discurso revela que lo asumen y
justifican como un oficio que les permite aspirar a más en un país que les
niega por nacimiento cualquier otra posibilidad de movilidad social. Su
ambición de superación está ligada a poder incorporarse a una lógica de consumo
-objetos, experiencias y distracciones- que su miseria les veta. Ese trabajo es
un medio para acceder y ser parte de un sistema del que se sienten excluidos.
Desechados. En las entrevistas, resulta significativo cómo valoran la
disciplina y el conocimiento del uso de las armas: el orgullo con que hablan de
su «aprendizaje», su «capacitación» o el «entrenamiento».
Esta «escolarización» no es en
modo alguno figurada. En agosto de 2017, un joven reclutado como sicario logró
escapar de un campamento en el que el cartel Jalisco Nueva Generación entrenaba
a sus sicarios. A partir del testimonio de ese superviviente, conocimos que
aquellos hombres habían sido reclutados por falsas ofertas laborales publicadas
en las redes sociales. Al llegar al supuesto lugar de la entrevista laboral,
los despojaban de sus teléfonos móviles y los trasladaban por la fuerza a
aquellos campamentos. Una vez allí les informaban de que el trabajo ofrecido no
era de encuestadores, vigilantes de seguridad privada o guardaespaldas, sino de
sicarios de la organización criminal. A esos jóvenes recién llegados, de entre
veinte y veinticinco años, les ofrecían un sueldo de hasta cuatro mil pesos y
los amenazaban con tomar represalias sobre su familia si rechazaban la oferta.
Quienes rechazaban el trabajo
eran torturados y asesinados inmediatamente ante la vista de los otros. Luego,
un salvadoreño identificado como «Samuel N» -probablemente un antiguo migrante
secuestrado y reclutado- se encargaba de descuartizar y quemar los cuerpos.
Aquellos que sí aceptaban el encargo eran entrenados, al menos durante diez
días, en el manejo de armas y el dominio de tácticas de combate y defensa. Una
vez «licenciados», se les enviaba a poblados cercanos para sustituir a
encargados de puntos de distribución de droga que habían sido asesinados o
desaparecidos por los grupos rivales.
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